Los partidos políticos de México, así como los aspirantes a lograr una candidatura independiente a la Presidencia de la República se encuentran ya en plena actividad preelectoral. Por un lado los aspirantes autollamados independientes se quiebran la cabeza para lograr las firmas del uno por ciento de los registrados en el padrón electoral para cubrir el principal requisito para ser incluidos en la boleta electoral de 2018. Por otro lado, los partidos van perfilando a sus posibles candidatos, no sin problemas tanto internos como externos.

El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) es el único que desde su fundación tiene ya candidato: Andrés Manuel López Obrador. En el PRI todo anuncia que la “cargada” irá tras el señalado por el dedo presidencial y todo parece indicar que el ungido por el “Señor de Atlacomulco” será el actual secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña.

Por su parte, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano formaron una alianza que dijeron no era electoral; sin embargo, ya se vio que es precisamente el asunto electoral el talón de Aquiles de la unión de los contrarios.

Por un lado, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, mantiene firmes sus aspiraciones de ser el candidato blanquiazul; por otro, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció ya que en diciembre abandona ese cargo para buscar la candidatura presidencial por el PRD. 

Lo más seguro es que al momento de elegir candidatos, tanto el PAN como el PRD romperán con su alianza “no electoral” y los dirigentes de ambos institutos políticos lograrán un último acuerdo: “aquí se rompió una taza y casa quien para su casa”, tal como lo hicieron el fin de semana 25 dirigentes del Movimiento Ciudadano, quienes abandonaron el partido porque para ellos el Frente Ciudadano por México “significa ser útiles a una alianza que tiene como interés superior mantener privilegios de poder entre el PRD y el PAN”, y destacaron que PRI y PAN tienen los mismos intereses.

Así el ambiente al interior de los partidos no es el mejor para enfrentar unas elecciones complicadas para sustituir a un gobierno que padece el más bajo índice de aceptación de la historia del PRI como gobierno, descrédito que no se compara ni siquiera con el del represor Gustavo Díaz Ordaz.

Y es que el sexenio se ha caracterizado por el terrible nivel de ignorancia de un mandatario que no puede nombrar ni siquiera los títulos de tres libros, que confunde los municipios con estados, cambia las capitales de éstos con la mayor frescura o se pone en evidencia ante la prensa con expresiones como la de que “aterrizamos en un minuto… o menos, en cinco”.

Pero que, sobre todo, se ha caracterizado por escandalosos casos de corrupción que van desde el desvío de recursos, como los casos de la obra en la refinería de Tula, Hidalgo, y el socavón en Cuernavaca, hasta el conflicto de intereses, como el caso de la famosa “Casa Blanca” construida por la empresa consentida del mandatario que a fin de cuentas se cargó a las arcas de Televisa y a un secretario de la Función Pública. Todos estos casos han puesto en evidencia la impunidad con la que se conduce la actual administración.

Esto, sin duda es lo que ha llevado al PRI a estructurar una estrategia electoral que incluye el control de las instituciones encargadas de organizar, vigilar y juzgar todo lo relacionado con el proceso de 2018.

Al navegar por las redes sociales se descubre, además, que han iniciado las campañas negras de uno y otro partido, con mensajes que buscan desprestigiar a los aspirantes a la candidatura presidencial. Este tipo de propaganda en nada ayuda a una contienda democrática; es la estrategia inaugurada en el año 2000 por Vicente Fox y continuada desde entonces por todos los partidos políticos.

 

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