Nicolás Dávila Peralta 

La iniciativa presidencial de reducir salarios a los altos mandos del gobierno federal, aprobada por el Congreso de la Unión e impugnada ante la Suprema Corte por un grupo de senadores y a la cual se oponen los miembros del Poder Judicial de la Federación, ha provocado reacciones encontradas en el sector público y en la población, sobre todo a través de las redes sociales.

Los diversos sitios de comunicación en la red han destacado, sobre todo, los altos ingresos que reciben los magistrados del Poder Judicial, que llegan, en las más altas esferas a 578 mil pesos mensuales, sumando prestaciones.

A esta reacción en contra de los altos salarios se ha sumado el hashtag #LordMinistro, en contra del magistrado del Tercer Tribunal Unitario de Veracruz, a quien se denunció en las redes por su vida de lujos, a lo que se sumó el mensaje subido a la cuenta de dicho magistrado: “Si piensas que bajándole el sueldo al uno por ciento de la población que trabaja para ganárselo el país dejará la pobreza y se volverá una potencia mundial sin corrupción, déjame decirte que estás muy equivocado y engañado, estudia mucho, trabaja más y lo entenderás”.

¿Qué pasa en realidad? ¿por qué la protesta del personal del Poder Judicial y por qué la controversia constitucional de los senadores?

En estricto apego a la letra de la ley, si bien la iniciativa se sustenta en el artículo 127 de la Constitución, que establece en su inciso II que “ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”, no tomó en cuenta lo que establece el Artículo 127, párrafo II: “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.”

Este descuido de quienes elaboraron la iniciativa de ley y quienes la aprobaron es una de las causas de este conflicto que, sin embargo, va más allá de la discusión en torno a la letra de la ley. Como veremos más adelante.

El mismo error se encuentra en la iniciativa de reforma al Artículo 3 constitucional, que acaba de ser enviado al Congreso de la Unión como parte de la nueva reforma educativa. 

Con el afán de hacer obligatoria y gratuita la educación superior pública, los redactores de tal iniciativa suprimen la autonomía de las universidades públicas, de tal modo que el mismo Presidente de la República tuvo que aclarar, en su conferencia mañanera del jueves pasado, que no se suprime esta autonomía que ha sido fruto de la lucha estudiantil desde principios del siglo XX.

La Cuarta Transformación exige de los poderes Ejecutivo y Legislativo una gran responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones de gobierno, los errores cometidos en la presentación y/o aprobación de estas primeras iniciativas deja mucho que desear en quienes tienen a su cargo presentar iniciativas de ley y en quienes, después de un estudio serio, deben aprobarlas.

Lo legal y lo legítimo

Pero hay más; en este caso, por parte de los ministros y jueces que se han amparado y en los legisladores que han presentado las controversias constitucionales.

Partamos de un principio establecido en la Constitución: la soberanía reside en el pueblo.; el derecho es derecho del pueblo que lo delega en sus gobernantes. Las leyes adquieren legitimidad cuando responden al derecho de quienes, constitucionalmente, son poseedores de la soberanía.

Y aquí está el problema; desde luego que de acuerdo al artículo 127 constitucional, los magistrados y jueces tienen derecho a los salarios que perciben, porque así está establecido en la letra de la ley; sin embargo, este derecho carece de legitimidad porque no responde al derecho que debe sustentarse en la soberanía de un pueblo que percibe un salario por debajo de su derecho.

Retazos

A las cero horas del 14 de diciembre, en una ceremonia privada, ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, rindió protesta como gobernadora de Puebla la señora Martha Ericka Alonso Hidalgo, quien, más tarde, en su discurso en el Auditorio de la Reforma, llamó a dejar atrás la confrontación para construir soluciones conjuntas que permitan recuperar la tranquilidad en el estado.

 

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