Apartir del 1 de enero, el salario mínimo en el país será de 80.04 pesos diarios, lo que representa un incremento de siete pesos, en relación al mínimo vigente de 73.04 pesos. Este incremento al salario mínimo significa que aproximadamente el 13 por ciento de la población económicamente activa vivirá con dos mil 401 pesos con 20 centavos al mes.

Aún cuando los datos oficiales ubican la inflación en un porcentaje del 3.29 por ciento, lo cierto es que en promedio la canasta básica se ha encarecido en más del 10 por ciento en este 2016.

El artículo 123 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: 

“Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.”

Ahora bien, desde hace varias décadas, el salario mínimo ha dejado de cumplir con este mandato constitucional, pues los dos mil 400 pesos en que se han fijado para 2017, son totalmente insuficientes para satisfacer las necesidades materiales, sociales y culturales de una familia y para brindarle a los hijos la educación obligatoria.

Ante esta situación el argumento que presentan las autoridades se resume en dos proposiciones: 1) El salario mínimo es solo un indicador para el incremento salarial porque nadie o muy pocos ganan el salario mínimo. 2) Elevar más el salario mínimo produciría desempleo e inflación, pues los empresarios se verían obligados a despedir trabajadores para cumplir con el tope salarial.

En cuanto a la primera proposición, estudios económicos publicados por un diario nacional indican que en México trabajan por un salario mínimo alrededor de seis millones de personas, esto es, el 13 por ciento de la población económicamente activa.

Esto conlleva a que si solo la cabeza de familia trabaja (padre o madre), su economía depende de un ingreso de dos mil 400 pesos al mes, esto es: 600 pesos por semana.

Este es, por tanto, un factor que obliga a trabajar a más de dos miembros de la familia (padre, madre, hijo o hijos) para poder elevar los ingresos y hacer frente a las necesidades normales de una familia.

En cuanto a la segunda proposición que señala que un incremento mayor al salario produciría desempleo e inflación, habrá que advertir dos cuestiones.

Primero: si los empresarios consideran que un mayor incremento salarial provocaría desempleo, esto pone en evidencia uno de los principios de la producción capitalista: mayores ganancias y poca inversión. Porque en este campo de la inversión se incluyen los salarios y prestaciones de la mano de obra. Solo de este modo se entiende que un aumento mayor al salario provoque despidos, pues se trabajaría con menos trabajadores que, desde luego tendrán mayor carga de trabajo por el mismo salario.

Segundo: Conforme a los mecanismos de la economía capitalista, las cargas fiscales y de inversión recaen en primer lugar en el consumidor; cuando compramos en un supermercado, en una tienda o en un mercado, pagamos el precio del producto más el porcentaje correspondiente a los impuestos y gastos de producción, transporte y almacenamiento del producto. 

Así se entiende que un aumento salarial lleve al empresario a conservar o aumentar sus ganancias a costa del consumidor.

Pero hay otra cuestión más: la desigualdad salarial que contradice el artículo 123 constitucional que señala que “a trabajo igual, salario igual”. Así encontramos que los altos funcionarios en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) ganen mucho más que aquéllos empleados que realizan el trabajo diario y existan diputados con salarios que corresponden a dos mil 461 pesos diarios.

A esto se une el nuevo sistema de trabajadores outsoursing que trabajan en servicios a las empresas sin prestaciones y contratos temporales, lo que constituye otro modo de explotación laboral de espaldas a los derechos laborales consagrados en la Constitución.

 

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