Nicolás Dávila / Izúcar de Matamoros, Pue.

Concluido el proceso electoral con la designación de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México, se inicia ahora el proceso de entrega-recepción entre los gobiernos saliente y entrante; este mismo proceso que ya se realiza en los gobiernos estatales electos el 1 de julio y los ayuntamientos.

Sin duda se mantiene también la costumbre -negada por los funcionarios públicos pero reconocida y muchas veces comprobada por la realidad- de los miembros de los gobiernos salientes de llevarse recursos pecuniarios o inmobiliarios de carácter público; un saqueo –pues- que el común de los ciudadanos ha denominado: “el Año de Hidalgo”, por aquello de que “…el que deje algo”.

Es una costumbre que de alguna manera mide el nivel de corrupción de los funcionarios de la administración saliente por dos razones: dejar en crisis financiera y de infraestructura a la nueva administración y legitimar por la fuerza de la costumbre el saqueo de los bienes públicos.

Hacer “desaparecer” muebles, vehículos y equipo; dejar a las nuevas autoridades una infraestructura dañada; entregar obras mal hechas, en mal estado o inconclusas; hacer crecer la deuda pública en los últimos meses de gobierno; disminuir los recursos públicos y, lo más grave, heredar conflictos, forman parte de ese “Año de Hidalgo”.

“Soy ratero, pero no tonto”; este refrán puede aplicarse a muchos gobiernos salientes expertos en corrupción que buscan y logran justificar su saqueo al patrimonio público o que son sustituidos por funcionarios del mismo partido, dispuestos a tapar las fechorías del anterior. Sin embargo, no siempre los gobiernos salientes tienen esa suerte.

Tal parece que esto le puede suceder al gobierno municipal saliente de Izúcar de Matamoros que deja varios pendientes; entre ellos, las gestiones para la reconstrucción del edificio histórico Casa Colorada, recinto oficial del Ayuntamiento, el destino de los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas dañadas o destruidas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, el conflicto del cobro irregular del impuesto predial 2019 y la sospecha de mal manejo de recursos en la compra del terreno que se dice, será para el nuevo panteón municipal.

Esto son algunos de los asuntos más serios en este “Año de Hidalgo”; pero falta saber si los funcionarios no apegarán su conducta personal al refrán antes mencionado: “…el que deje algo”.

Al inicio de un gobierno federal cuya primera responsabilidad es demostrar a los ciudadanos que no se equivocaron al votar por un NO A LA CORRUPCIÓN, y también de los gobiernos municipales electos con ese mismo objetivo, es necesario demandar que se termine de una vez por todas con el saqueo de los recursos y bienes públicos a través del “Año de Hidalgo”.

Para esto, es necesario que las nuevas administraciones auditen con sumo cuidado y de manera profesional, a las autoridades salientes para comprobar su rectitud o su perversión en el uso de los bienes que la ciudadanía puso en sus manos y se castigue, sin distinción de partidos o vínculos políticos e incluso familiares, a los responsables de saqueos a las arcas públicas.

Pero también es necesario un cambio de mentalidad y actitud en los ciudadanos. Ya no más ver el saqueo de final de trienio o de sexenio como algo normal, justificado por la costumbre; no hay que olvidar que lo que gobierno saliente roba no es patrimonio del gobierno entrante, ES PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS, son recursos pagados con nuestros impuestos; el que roba, pues, le roba a la ciudadanía, le roba a los que votaron por él.

Sigue el lío del panteón

Dos regidores del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros han marcado su distancia respecto a la compra del terreno que será dedicado al nuevo panteón municipal.

Por una parte, el regidor de Hacienda Uriel Quiroz dejó en claro que “no méte las manos al fuego por nadie”; sin embargo, explicó que el terreno se adquirió por ser la propuesta más barata entre las consideradas por el gobierno municipal y el que cumple con los requisitos que marca la ley.

Más directo fue el regidor de Grupos Vulnerables Ángel Miguel Oliver Ramírez, el cual envió un oficio al presidente Manuel Madero y un comunicado a la prensa en donde, en su parte medular cita las Tablas de Valores Unitarios de Suelos y Valores Catastrales para Izúcar de Matamoros, establecida en la Zonificación Catastral vigente, y estima el precio real del terreno en dos millones y medio de pesos.

El asunto, pues, permanece aún en la sospecha. Sin embargo, se espera que la autoridad municipal aclare a la ciudadanía estas dudas, porque en éste y cualquier asunto en donde existan sospechas, hay que partir siempre del principio de inocencia hasta que no se compruebe totalmente la culpabilidad.

Así pues, tiene la voz el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros.

Retazos

Estamos tan acostumbrados a que los gobiernos salientes justifiquen las acciones de los anteriores, que en las redes sociales y en algunos espacios informativos se adjudica a López Obrador la liberación de la profesora Elba Esther Gordillo.

La verdad es que López Obrador toma posesión hasta el 1 de diciembre y la liberación de la profesora Gordillo fue decisión del Poder Judicial y sustentada en inconsistencias de la Procuraduría General de la República, cuyo titular depende del ACTUAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO.

 

Valora este artículo
(0 votos)

Deja un comentario

Contador de Visitas

 

contador de visitas para blog

Volver