El próximo miércoles, el Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) entregará a Andrés Manuel López Obrador su constancia de mayoría que lo convierte oficialmente en presidente electo de México. A partir de esa fecha se iniciará el proceso de entrega-recepción entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el equipo de transición del nuevo presidente.

Sin embargo, el gobierno federal actual ha dado muestras de apertura; la primera, cuando Enrique Peña Nieto recibió a López Obrador en el Palacio Nacional, a unos días de las elecciones del 1 de julio. Sin duda, este gesto fue un indicador para las autoridades estatales y municipales elegidas también el 1 de julio, de que la transición debe hacerse con transparencia, sin conflictos y en forma pacífica.

Ambos gobiernos, el que está en funciones y el electo, han conformado sus equipos de transición que pronto iniciarán los primeros encuentros, los del gobierno actual para informar el estado que guarda la administración federal, y los segundos para tomar nota y poder aportar datos al nuevo programa de gobierno.

Son muchos los temas que abordarán los dos equipos, desde el estado de la hacienda pública hasta las políticas de seguridad; educación, salud, políticas social y agraria, así como el estado de las empresas dependientes del gobierno federal estará en la mesa de diálogo de los dos equipos.

En el gobierno del estado de Puebla y la mayoría de los municipios de la entidad poblana, también se han iniciado estos procesos de entrega-recepción, afortunadamente en paz y diálogo maduro entre las autoridades salientes y las entrantes, independientemente de los partidos a que pertenecen.

Habrá que destacar el caso del municipio de Puebla capital, donde las autoridades actuales, del Partido Acción Nacional (PAN), encabezadas por el alcalde Luis Banck, se han reunido ya tres veces con el equipo de transición de la presidenta municipal electa, Claudia Rivera, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en un ambiente de cordialidad y transparencia, mostrando que la diferencia de partidos no afecta el diálogo entre autoridades.

Izúcar, la excepción

En Izúcar de Matamoros, el presidente municipal electo Melitón Lozano Pérez, tan pronto recibió su constancia de mayoría, integró su equipo de transición, al que llamó Comisión Política Ciudadana de Transición, con el fin de iniciar el proceso de entrega-recepción entre las autoridades saliente y entrante.

El 6 de julio, este equipo se presentó ante las actuales autoridades municipales para solicitar una entrevista con el alcalde Manuel Madero González, a fin de establecer los términos y condiciones para llevar a cabo este proceso.

El médico Manuel Madero no los recibió, sino que fueron su secretario y otros funcionarios municipales quienes recibieron a la comisión, sin dar respuesta alguna a la comisión del alcalde electo. Ante esto, los solicitantes entregaron formalmente una solicitud de entrevista, basados en el derecho de petición. Sin embargo, al cierre de esta edición, es decir, un mes después, el alcalde Madero González no ha dado respuesta y el proceso de entrega-recepción no ha podido iniciarse.

¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos, pues no hay causa aparente para no iniciar este proceso. ¿Tiene algo qué ocultar el gobierno de Madero?; ¿sólo es porque ambos mandatarios, el actual en funciones y el electo, son de diferentes partidos y coaliciones?

Si la respuesta al por qué es la diferencia de partido, entonces la autoridad municipal actual demuestra una enorme inmadurez política, cercana a la intolerancia: “no dialogo porque no me simpatizas y no me simpatizas porque no eres de mi partido”. Eso sería llevar las diferencias políticas al extremo de la intolerancia y convertir al contrincante en enemigo.

Esto, sin duda, es dañino para el progreso de Izúcar y el bienestar de sus habitantes.

Medidas bajo sospecha

Cuesta trabajo aceptar que la negativa municipal a iniciar el proceso de entrega-recepción en Izúcar de Matamoros se deba a que el gobierno municipal actual tenga algo qué ocultar; sin embargo, hay algunos hechos que hacen dudar de la rectitud con la que está actuando el gobierno actual, a dos meses y medio de entregar el cargo a la nueva administración.

Se ha iniciado en el municipio una campaña de ofertas que aparentemente beneficia a los ciudadanos y muestra las bondades de la autoridad municipal actual.

La primera corresponde a un descuento en el pago del impuesto predial del año 2019, y la segunda, la venta de lotes en el presunto nuevo panteón municipal con un descuento del 50 por ciento. ¡Toda una oferta!

Pero hay algunos detalles que ubican a estas ofertas bajo sospecha. Veamos la del impuesto predial.

De acuerdo con la Ley de Hacienda Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, el impuesto predial deberá ser cobrado los primeros cuatro meses del año en cuestión. Esto significa que el impuesto predial 2018, se cobró de enero a abril de este año. Pero la ley establece que el impuesto de 2019, deberá cobrarse a partir de enero del próximo año. Cobrarlo ahora –con o sin descuento- es una violación a la ley.

Pero hay más. El monto y condiciones de pago deberá hacerse con base en la Ley de Ingresos Municipal que debe elaborar cada año el cabildo municipal y enviarse al Congreso del Estado para que el Poder Legislativo del Estado la apruebe y las autoridades municipales puedan cobrar el impuesto predial.

La Ley de Ingresos vigente fue aprobada el 18 de diciembre de 2017 y abarca únicamente los impuestos de este año, que según la ley, fueron cobrados a principio de año. No hay todavía Ley de Ingresos para 2019; ésta deberá ser elaborada por las autoridades municipales y enviada al Congreso del Estado, el cual tiene hasta diciembre para aprobarla y así poder cobrar el impuesto predial 2019 a partir de enero.

Entonces, ¿por qué la prisa del gobierno de Manuel Madero de hacerse de los recursos que corresponden por ley a la autoridad entrante? ¿No le salen las cuentas al alcalde y necesita esos ingresos, cobrados de manera ilegal, para que no le pase lo que le acaba de suceder al expresidente municipal Carlos Gordillo, inhabilitado para ocupar un cargo público por 24 años, al no poder comprobar en qué gastó 25 millones 848 mil 189 pesos durante su gestión?

Pero hay una cuenta que no ajusta, y es la de la compra del terreno de dos hectáreas para el panteón municipal. En la sesión de cabildo de 17 de junio se informó que el costo del terreno fue de 16 millones 200 mil pesos. Al menos dos regidores han denunciado que de acuerdo al tipo de terreno, cada hectárea el catastro la evalúa en 280 mil pesos. Tomando en cuenta que el propietario puede ofertarla hasta por tres veces esta cantidad, el terreno valdría un millón 680 mil pesos.

Algo no ajusta ahí, ¿no cree usted?

 

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