Por: Federico León
 
La noticia de la semana lo fue, sin duda, la detención y “prisión preventiva justificada” dictada contra Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedesol y de la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto; jefa de Gobierno del Distrito Federal, sustituta de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; dirigente nacional del PRD; y expareja del empresario méxico-argentino Carlos Ahumada.
 
Los motivos son de sobra conocidos, pues tienen que ver con el multimillonario desvío de recursos bautizado en medios como “La estafa maestra”. Hasta hoy, al menos que yo sepa, nadie ha metido las manos al fuego para asegurar que Rosario Robles es ajena al saqueo de recursos públicos que se realizó al amparo de la dependencia de la que fue titular, pero hay elementos que han metido ruido en el proceso que se sigue en su contra…
 
El “sospechosimo” de que en este caso se pudiera estar aplicando la justicia de manera selectiva, como en los tiempos —no tan viejos— de gobiernos anteriores, tiene que ver con el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, cuya actuación, a criterio de algunos prestigiados juristas como el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío fue inadecuada.
 
Pero la mayor sospecha radica en el hecho de que el juez es sobrino de Dolores Padierna Luna, quien de manera reiterada ha señalado a su antigua dirigente nacional de ser la culpable de que el esposo de la ahora la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, René Bejarano “El señor de las ligas”, fuera exhibido a través de un video recibiendo fajos de billetes de Carlos Ahumada, y por eso haya tenido que pasar una temporada en la cárcel…
 
Y por si no bastaran las suspicacias que este parentesco ha despertado, la noche del viernes fue detenido en Argentina Carlos Ahumada Kurtz, acusado de defraudación fiscal por 1.4 millones de pesos. Dicen que en política no hay casualidades, sino causalidades, de manera que este caso dará mucho de qué hablar. Habrá que esperar, pero existe el temor fundado de que Rosario Robles pueda evadir la acción de la justicia por el desaseo que ha imperado en este caso, lo que puede dar elementos a sus abogados para ponerla en libertad, argumentando violaciones al debido proceso.
 
El fantasma de la francesa Florence Cassez ronda por los juzgados… En el estado de Puebla el horno no está para bollos. La información presentada por el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, esta semana, en el sentido de que el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido compró uniformes y zapatos escolares con un sobreprecio de 30.2 millones de pesos, además de que éstos tienen defectos de fabricación, y que estas adquisiciones no fueron sometidas a licitación, puso a temblar a más de diez, pues fue un mensaje claro de que el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta irá contra los excesos e irregularidades que se cometieron no sólo en los gobiernos panistas, sino también en el interinato del priista Pacheco Pulido.
 
Quienes pensaban que habría impunidad para los que acaban de irse estaban en un grave, gravísimo error, porque todo parece indicar que el nuevo gobierno empezará a barrer del 1 de agosto hacia atrás.
 
El tema del negociazo que se hizo con los uniformes parece ser sólo la punta del iceberg, y poco irán saliendo a flote otras irregularidades como la de las adjudicaciones directas por un total de 550 millones, que la entonces Secretaría de Finanzas y Administración realizó en sólo medio año, muchas de ellas con sobreprecios, entre ellas la que favoreció a la Editorial Las Ánimas, propiedad del empresario veracruzano Rodrigo Fernández Chedraui.
 
No en balde el gobernador Barbosa ha sido insistente al señalar que el gobierno interino saliente se acabó en seis meses casi todo el presupuesto destinado para todo el año, y que a él le dejaron únicamente 600 millones de pesos…
 
Volviendo al tema del saqueo en el sector educativo, en los cubículos y pasillos de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) se cruzan apuestas sobre cuándo rodará la cabeza del (todavía) rector Miguel Choy López, a quien prácticamente todos vislumbran con un pie en la salida de las instalaciones ubicadas en el barrio de Santiago Mihuacán.
 
Si alguna esperanza tenían Choy y su equipo, la difusión de las irregularidades en la adquisición de los uniformes les hizo ver que la barredora está funcionando a todo lo que da en el sector educativo, y que se revisarán con lupa los negocios multimillonarios que muchos, entre ellos algunos directivos de instituciones de nivel superior, han hecho a costa del presupuesto educativo…
 
En el caso de la UTIM, se da por hecho que la Secretaría de la Función Pública revivirá temas como los negocios que el actual abogado general, Ezequiel Alvarado Herrera, realizó cuando fungió como secretario de Administración y Finanzas de la máxima casa de estudios de la región, como la simulación de licitaciones de obra, la asignación de éstas a empresas fantasmas, y el saqueo de maquinaria pesada y diversos bienes de la universidad.
 
Muchas y muy satisfactorias tendrán que ser las explicaciones que tendrá que dar el (aún) rector Choy sobre los motivos por los que una de sus primeras acciones al llegar a la rectoría fue nombrar al xalapeño-acateco Ezequiel Alvarado como abogado general, a pesar de que fue inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un lapso de seis años, que se cumplirán en enero de 2023. Sobre todo, tendrá que convencer a las autoridades superiores de que con este nombramiento no incurrió en alguna irregularidad, al permitir y solapar el conflicto de intereses que enfrenta Alvarado Herrera, al tener que litigar contra sí mismo…
 
La inminente salida de Choy de la rectoría de la UTIM ha provocado que dentro de su equipo empiecen los jaloneos, como el que se comenta en cubículos y pasillos que mantienen el ya mencionado Ezequiel Alvarado y el actual secretario de Administración y Finanzas Juan Gabriel González Quiroz; la causa parece ser el reparto de los negocios que se realizan a costa de los recursos de la UTIM, y con la abierta complicidad del rector.
 
Aseguran que hay varios ingresos que deberían entrar a las arcas de la universidad, pero son inexistentes para las finanzas de la institución, porque se manejan “por fuera”. Al menos eso es lo que se dice en “radio pasillo”. No me consta, pero dicen que “cuando el río suena” …
 
Y hablando de la UTIM, aseguran que algo turbio hay en el llamado que la universidad está haciendo a los egresados para que acudan a la institución con la finalidad de que les devuelvan los pagos que realizaron por concepto de titulación y expedición de cédula profesional. No se trata de alguna condonación, o algo por el estilo, porque los egresados después tendrán que realizar dichos pagos. ¿De qué se trata, entonces?
La pregunta del millón
 
¿La segunda de agosto será la última quincena que el (aún) rector Miguel Choy López y su equipo cobrarán en la UTIM? Las apuestan están buenas…
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